Eficacia e Impacto.

Los resultados muestran avances sustantivos:

i) fortalecimiento de la sociedad civil: se creó un Plenario de Organizaciones como actor articulador y propositivo. Se formaron 82 personas en diplomados (90% mujeres), y más de 35 organizaciones participaron en espacios de formación e incidencia;

ii) mejora de las condiciones de las mujeres privadas de libertad: Se realizaron 39 talleres socioeducativos en tres unidades penitenciarias en los cuales participaron el 10% de las mujeres que forman parte de la población objetivo. Se promovieron apoyos específicos (salud, transporte, documentación, formación). Se reportaron impactos en autoestima, vínculos, empleabilidad y sentido de futuro. Inserción sociolaboral y articulación con sector privado: 28 mujeres participaron en procesos de reinserción; 5 accedieron a empleo formal y 9 sostienen emprendimientos. Si bien se lograron experiencias puntuales con potencial de impacto (ej. Teyma, Nordex), se reconoce que la articulación con el sector empresarial fue limitada. El estudio a empresas reveló estigmatización persistente y escaso conocimiento de la normativa vigente

iii) Generación de información para la toma de decisiones basadas en la evidencia: se desarrollaron diagnósticos sociales, institucionales y sectoriales ampliamente valorados. Se sistematizaron propuestas desde el Plenario de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y se promovió la generación de evidencias útiles para el diseño de políticas públicas.

Se identificaron impactos imprevistos positivos, como la visibilización pública del enfoque de género y derechos, nuevas articulaciones interinstitucionales y la instalación del Plenario de OSC como actor reconocido. No obstante, se mantienen desafíos estructurales: seguimiento post-egreso, sostenibilidad de apoyos, autonomía económica y fortalecimiento del vínculo con el sector privado.

Conclusiones

El objeto de evaluación es el proyecto Desarrollo personal, social e institucional sostenibles para mujeres privadas de libertad en Uruguay, conocido como Crisálidas. Su objetivo principal fue contribuir de forma integral a la mejora de la situación de vulnerabilidad y a la reinserción de mujeres privadas de libertad, mediante el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil, la articulación interinstitucional con organismos públicos responsables de las políticas carcelarias, y la promoción del sector privado como actor clave en la generación de oportunidades laborales. Desde una perspectiva de derechos y de género, el proyecto puso especial atención en colectivos históricamente invisibilizados. Ejecutado entre julio de 2021 y diciembre de 2024, bajo la coordinación de la Universidad CLAEH y con el respaldo de INCIDEM y un consorcio de organizaciones sociales, Crisálidas combinó acciones formativas, de investigación y de incidencia, con intervenciones directas en unidades penitenciarias, con la financiación de recursos aportados por la UE. Su enfoque multidisciplinario y adaptativo permitió avanzar en la producción de información y conocimiento, el fortalecimiento institucional y la construcción de oportunidades reales de inclusión social y laboral para las mujeres privadas de libertad en Uruguay.

El Proyecto Crisálidas constituye una experiencia significativa y pionera en el abordaje integral de los derechos de las mujeres privadas de libertad en Uruguay, con un enfoque interseccional, participativo y situado. Su ejecución logró articular a una diversidad de actores institucionales, académicos y sociales en torno a un objetivo común. La evaluación muestra que el proyecto no solo alcanzó resultados sustantivos en cada una de sus líneas de acción, sino que también generó aprendizajes valiosos para el diseño e implementación de futuras intervenciones

En el plano de la eficiencia, el proyecto demostró una gestión adecuada de recursos y tiempos, con capacidad de adaptación frente a desafíos operativos. Si bien el sistema de monitoreo no fue robusto en términos formales, sí permitió tomar decisiones estratégicas, reorganizar tareas y realizar ajustes presupuestales clave. La distribución de recursos fue coherente con los resultados obtenidos, especialmente en las líneas de acción vinculadas a la formación, generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades. El compromiso de los equipos técnicos, sumado a su flexibilidad y capacidad resolutiva, compensó las restricciones materiales. Este desempeño sugiere la importancia de fortalecer mecanismos de seguimiento más estructurados, así como incluir mecanismos de alerta en cuanto a la sobrecarga de trabajo en futuras intervenciones.

En términos de pertinencia, alineamiento y enfoque de derechos, el proyecto respondió de forma clara y contextualizada a las condiciones estructurales del país y a las trayectorias específicas de las mujeres privadas de libertad. Se alineó con políticas públicas y marcos normativos tanto nacionales como internacionales, integrando una perspectiva interseccional efectiva desde el diseño hasta la implementación. Además, logró complementar y articularse con programas existentes sin solapar esfuerzos. La producción de insumos críticos, la formación en comunicación con enfoque de derechos y las estrategias de incidencia política muestran un modelo replicable que transforma la lógica de intervención clásica en contextos de encierro. Esta experiencia invita a consolidar y ampliar estas líneas de acción hacia esquemas institucionales más integradores y con mayor anclaje territorial.

En lo que refiere a la eficacia e impacto, el proyecto alcanzó avances significativos en las cuatro líneas de actuación, generando resultados tangibles tanto en el fortalecimiento de la sociedad civil como en la mejora de la situación de las mujeres privadas de libertad. Se produjeron impactos positivos previstos e imprevistos, incluyendo la conformación de un plenario de organizaciones de la sociedad civil con capacidad propositiva, el incremento de la visibilidad pública del tema, y la creación de herramientas formativas, diagnósticas y comunicacionales con alto potencial de incidencia en proceso de toma de decisiones de política pública basada en la evidencia. Las acciones de formación, investigación y acompañamiento evidencian un enfoque integral con capacidad de transformación. Sin embargo, persisten desafíos en la articulación con el sector privado, el seguimiento post-egreso y la generación de condiciones estructurales para la autonomía económica, lo que subraya la necesidad de estrategias más sostenidas y multisectoriales.

Finalmente, en la dimensión de apropiación, fortalecimiento institucional y sostenibilidad, se constata un alto nivel de participación de las mujeres privadas de libertad y de las organizaciones de la sociedad civil, así como una apropiación genuina de los procesos generados. El desarrollo de capacidades técnicas, la instalación de espacios de diálogo interinstitucional y los intercambios internacionales contribuyeron a reforzar aprendizajes colectivos, vínculos y agendas compartidas. A su vez, el proyecto inspiró mejoras concretas en el ámbito penitenciario y en la institucionalidad pública, aunque la sostenibilidad plena de estos procesos dependerá de una mayor consolidación de alianzas, formalización de espacios de gobernanza y articulación con actores clave como el sector privado. Los logros alcanzados constituyen una base sólida para pensar nuevas fases, siempre que se contemplen mecanismos estables de retroalimentación y recursos adecuados para sostener la calidad técnica e institucional del modelo.

En síntesis, Crisálidas logró situar un enfoque transformador en torno a la privación de libertad femenina, generando aprendizajes metodológicos, institucionales y políticos que superan los marcos tradicionales de intervención. Sus aportes abren una ventana de oportunidad para consolidar un nuevo paradigma de reinserción con enfoque de derechos y corresponsabilidad social. Las recomendaciones que siguen buscan capitalizar esos aprendizajes y orientar la sostenibilidad y mejora de futuras acciones en esta línea.